
La declaración de ley marcial en Corea del Sur, que apenas duró cinco horas, ha generado una crisis política sin precedentes que evidenció la profunda división institucional y la resistencia ciudadana contra medidas autoritarias. El presidente Yoon Suk-Yeol se vio obligado a retroceder luego de que el Parlamento bloqueara unánimemente su intento de suspender las actividades políticas y restringir libertades civiles, en un movimiento que generó inmediatas protestas masivas y críticas tanto internas como internacionales.
La controversia se originó cuando Yoon acusó al principal partido opositor, el Partido Democrático, de ser una «fuerza pronorcoreana», tras una disputa presupuestaria y legislativa que incluyó mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección. Esta declaración escaló rápidamente cuando el mandatario intentó implementar la ley marcial, una medida considerada ilegal por la oposición y rechazada tajantemente por la ciudadanía, que salió inmediatamente a manifestarse en las calles exigiendo la preservación de sus derechos democráticos.
El punto de inflexión llegó cuando incluso el propio Partido del Poder Popular de Yoon, respaldado por una votación parlamentaria unánime de 190 votos contra cero, instó al presidente a «aceptar la resolución de la Asamblea Nacional y levantar la ley marcial sin demora». Esta decisión marcó un momento crítico que dejó al descubierto las fracturas internas del gobierno y la determinación de las instituciones democráticas de Corea del Sur para resistir intentos de concentración del poder ejecutivo.
Finalmente, en un giro dramático, Yoon anunció el retiro de las tropas desplegadas en el Parlamento y el levantamiento oficial de la ley marcial. Estados Unidos, observador atento de la situación, llamó a resolver las disputas políticas pacíficamente y respetando los procedimientos constitucionales. El episodio no solo evidenció la fragilidad de los equilibrios políticos en Corea del Sur, sino también la fortaleza de sus instituciones democráticas frente a intentos de suspender libertades fundamentales.
Fotografía: AP