Redacción:
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha lanzado una seria advertencia sobre el impacto potencial de la propuesta de reforma judicial en las inversiones extranjeras, particularmente aquellas relacionadas con el nearshoring. José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, enfatizó que numerosos proyectos de inversión, ya validados y con financiamiento autorizado, se encuentran actualmente en pausa debido a la incertidumbre jurídica generada por la posible aprobación de esta reforma impulsada por el Poder Ejecutivo.
La principal preocupación gira en torno a la propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Según Medina Mora, inversionistas extranjeros han expresado que si México adopta este sistema, podrían detener sus inversiones. Este escenario es particularmente alarmante considerando que la inversión extranjera directa actual se compone principalmente de reinversión de utilidades, con escasa entrada de capital fresco.
Para abordar esta problemática, Coparmex ha iniciado una serie de foros en colaboración con la Barra Nacional de Abogados. El primero de estos eventos se realizó en la Ciudad de México, con planes para llevar a cabo sesiones similares en Guadalajara y Monterrey. El objetivo es recopilar propuestas de expertos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar el Poder Judicial sin comprometer su independencia e imparcialidad. La organización tiene previsto presentar una propuesta integral de reforma judicial a finales de agosto.
Armando Zúñiga Salinas, ex presidente de Coparmex Ciudad de México, subrayó la necesidad de un análisis cuidadoso de cualquier reforma judicial. Destacó la importancia de garantizar un sistema justo y equitativo, advirtiendo sobre los riesgos de politización de la justicia que podría conllevar la elección popular de jueces. Por su parte, Leticia Rodríguez Moctezuma, Vicepresidenta de Estado de Derecho, Democracia y Seguridad de Coparmex Ciudad de México, sugirió alternativas como incrementar la transparencia y la participación ciudadana en los procesos de evaluación y promoción dentro de la carrera judicial, como medios para aumentar la confianza pública sin comprometer la calidad y la independencia judicial.
Fotografía | Quadro24