Redacción:
El gobierno peruano ha implementado un estado de emergencia en las regiones amazónicas de San Martín, Amazonas y Ucayali, en respuesta a una crisis de incendios forestales que ha dejado devastación en el país. La presidenta Dina Boluarte, en un mensaje televisado, destacó la gravedad de la situación, que ha resultado en la pérdida de 15 vidas y cerca de un centenar de heridos. Más de 3,000 hectáreas de terreno, que incluyen tanto áreas agrícolas como naturales, han sido destruidas por las llamas.
La Defensa Civil reporta que más de 1,800 personas han sido afectadas directamente, y el sector ganadero ha sufrido la pérdida de 334 animales, con 4,300 más afectados. Boluarte atribuyó el origen de los incendios a la actividad humana, aunque admitió que el cambio climático y la sequía han agravado la situación. Además, más de 20 incendios siguen activos en 22 de las 24 regiones del país, evidenciando la magnitud del desastre.
En medio de la crisis, la política interna peruana se ha visto afectada. El Congreso negó a Boluarte el permiso para asistir a la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos, una decisión que el primer ministro Gustavo Adrianzén ha solicitado revisar, dada la urgencia de la situación.
La crisis también afecta a Bolivia, que enfrenta una emergencia similar con 38 incendios activos en cuatro municipios. Se estima que 3.8 millones de hectáreas de bosques y pastizales han sido devastadas este año, aunque algunas estimaciones privadas sugieren que el daño podría ser mayor. Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (Cejis), advierte sobre el impacto crítico en las comunidades indígenas bolivianas, como los ayoreo, tsimane, sirionó y ese eja, que están siendo desplazadas debido a los incendios.
La emergencia ambiental en la región amazónica subraya la necesidad urgente de acciones coordinadas y efectivas para mitigar los incendios forestales y proteger tanto a las comunidades vulnerables como a los ecosistemas cruciales de Sudamérica.
Fotografía: AFP