Redacción:
La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que devuelve a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su estatus como empresas públicas, en un giro significativo respecto a la política energética adoptada en 2013. Con 353 votos a favor y 122 en contra, la reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, refuerza el control estatal sobre sectores clave de la economía, incluido el manejo del litio y los servicios de internet.
Propuesta inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma ha generado polémica dentro del Congreso. Mientras que el gobierno sostiene que esta medida fortalecerá la soberanía energética del país, la oposición ha expresado preocupación por el impacto que podría tener en la calidad de los servicios energéticos y la participación de la inversión privada en el sector.
Durante los debates, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, defendió la reforma argumentando que el objetivo es asegurar que la CFE mantenga el 54% de la generación de electricidad, mientras que el restante 46% quede en manos de empresas privadas. González aseguró que esto brindará estabilidad al sector energético y atraerá inversión privada, a la vez que se garantiza la confiabilidad del sistema eléctrico.
Sin embargo, legisladores de la oposición, como el diputado priista Mario Zamora Gastélum, advirtieron que esta reforma podría generar fricciones con socios comerciales internacionales, en particular con Estados Unidos, además de potenciales violaciones a derechos humanos relacionados con el acceso a energía. Estos puntos resaltan las tensiones y desafíos que la reforma trae consigo, en un contexto de creciente debate sobre el papel del Estado en sectores estratégicos.
Fotografía: Captura de video