Redacción:
México ha anunciado un plan para proporcionar empleo y una remuneración mensual de 660 dólares a los ciudadanos venezolanos que acepten regresar a su país como parte de un esfuerzo conjunto para reducir la migración, garantizando así una fuente de empleo para quienes opten por esta opción.
Según informó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, importantes empresas como Polar, Petróleos de Venezuela, Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano se han comprometido a ofrecer trabajos remunerados con 110 dólares al mes durante al menos medio año como incentivo para el retorno de los migrantes venezolanos. Sin embargo, no se ha especificado el número de personas migrantes que podrían solicitar el programa.
Este plan surge tras una reunión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y coincide con la renovación de los vuelos de repatriación desde México, lo que ha generado un aumento en los flujos de migrantes venezolanos que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
La medida busca aliviar la presión sobre los recursos estadounidenses y mejorar la reputación del presidente Joe Biden entre los votantes de cara a las elecciones de noviembre, ya que México enfrenta presiones por parte de las autoridades estadounidenses para reducir el número de migrantes en la frontera común.
Por otro lado, México presentó un informe contra la ley de Texas que permite detener y deportar a personas que ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta ley es violatoria de los derechos humanos y podría conducir al acoso y la criminalización indebida de mexicanos e individuos de apariencia latina.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió temporalmente la entrada en vigor de la ley, pero tres jueces de la Corte de Apelaciones suspendieron nuevamente la norma esta semana. México ha expresado su firme rechazo a esta ley, afirmando que no aceptará deportaciones de sus ciudadanos y brindará protección y orientación a quienes se encuentren en Estados Unidos.
El presidente López Obrador calificó la ley como «draconiana» y contraria a los derechos humanos, reiterando que México no aceptará deportaciones bajo esta normativa.
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