Redacción:
En la madrugada del miércoles 14 de agosto, Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, salió del penal de máxima seguridad del Altiplano para cumplir su proceso judicial en prisión domiciliaria. Acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, Marín fue trasladado a su domicilio en el municipio poblano de Xilotzingo en una ambulancia de la Guardia Nacional, bajo estrictas medidas de seguridad.
El proceso judicial contra Marín, derivado de los hechos ocurridos en diciembre de 2005, continuará en su residencia, donde estará sujeto a diversas medidas cautelares para evitar cualquier intento de evasión. Entre estas, se incluyen el uso obligatorio de un brazalete electrónico, vigilancia constante en su domicilio, y la prohibición de salir del estado de Puebla y del país. Además, se le impuso una garantía económica de cien mil pesos y se le prohibió acercarse a la víctima, Lydia Cacho.
La decisión de permitir que el exmandatario priista lleve su proceso en casa ha generado controversia, con críticas que apuntan a la concesión de privilegios a personajes políticos influyentes. A pesar de esto, las autoridades han asegurado que las medidas adoptadas son suficientes para garantizar que Marín no pueda evadir la justicia.
Este caso ha mantenido la atención pública durante años debido a la gravedad de las acusaciones y la relevancia del implicado, quien fuera una figura prominente en la política mexicana. La situación actual de Marín marca un nuevo capítulo en el proceso legal que ha sido seguido de cerca tanto por la sociedad como por diversas organizaciones de derechos humanos.
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