Redacción:
Los habitantes del estado de Puebla continúan siendo víctimas de abusos por parte de las «mafias» que operan en los servicios de grúas, arrastre y corralones, a pesar de las recientes reformas aprobadas para regular este sector. Personas afectadas relatan experiencias desfavorables, como cobros exorbitantes por estos servicios, daños a sus vehículos y malas prácticas en la atención al público.
Las reformas a la ley, aprobadas el 24 de febrero en el Congreso local, buscaban poner fin a la impunidad y garantizar un trato justo a los usuarios. Sin embargo, la falta de implementación efectiva de estas medidas ha generado escepticismo entre la población, que no ve mejoras significativas en la situación.
La Secretaría de Movilidad y Transporte será la entidad encargada de otorgar los permisos a las grúas, con el objetivo de eliminar la competencia desleal y proteger los derechos de los ciudadanos. A pesar de esta medida, las concesiones aún no se han registrado, lo que genera incertidumbre sobre la eficacia de las nuevas normativas.
Los entrevistados y víctimas de abusos señalan que la situación se agrava debido a la colusión entre elementos policiacos, dueños de grúas y corralones, quienes operan de manera coordinada para cobrar tarifas excesivas. La falta de transparencia en los cobros, los daños a los vehículos y la ausencia de una regulación efectiva son algunas de las principales preocupaciones que persisten en este sector.
Fotografía | Bibiana Díaz / El Sol de Puebla