Puebla enfrenta incertidumbre sobre la recuperación de los 6,600 millones invertidos en Banco Accendo

La Secretaría de Finanzas de Puebla ha expresado su incertidumbre sobre la posibilidad de recuperar los 6,600 millones de pesos que el gobierno estatal invirtió fallidamente en Banco Accendo durante la administración del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Josefina Morales, titular de la dependencia, señaló que, aunque se ha dado seguimiento legal al caso, la situación depende de las autoridades federales, quienes son las encargadas de resolver el asunto, debido a que la entidad bancaria se encontraba en quiebra cuando se realizaron los depósitos.

Morales aclaró que no se puede garantizar la recuperación de los fondos, destacando que, aunque se han presentado tres denuncias penales y dos procedimientos administrativos contra exservidores públicos, el proceso está en manos de los organismos federales. La funcionaria aseguró que ha cumplido con todos los requerimientos de información solicitados por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Función Pública, y que ha asistido personalmente a comparecer en los procedimientos legales correspondientes.

Además de este tema, la titular de Finanzas presentó un balance positivo sobre la reestructuración de la deuda pública estatal, que incluyó tanto la deuda directa como los contratos de Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS). Gracias a estas reestructuraciones, el gobierno estatal logró generar ahorros por un total de 432.8 millones de pesos. De estos ahorros, 70 millones de pesos provienen de la reducción en el pago de intereses derivados de la reestructuración de la deuda, mientras que los 362 millones restantes corresponden al ahorro generado por la renegociación del contrato del Centro Integral de Servicios (CIS).

Aunque el futuro financiero relacionado con la inversión en Banco Accendo sigue siendo incierto, estos ahorros constituyen una muestra de la estrategia del gobierno estatal para optimizar sus finanzas y garantizar un manejo más eficiente de los recursos públicos.

Fotografía: Archivo

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