Redacción:
Durante la administración de Omar Fayad Meneses como gobernador de Hidalgo (2016-2022), los esfuerzos por erradicar la corrupción en el Poder Judicial estatal dejaron mucho que desear. De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, en ese periodo, solo un juez fue destituido por motivos disciplinarios, lo que pone en entredicho la eficacia de los mecanismos de control y vigilancia implementados en la judicatura local.
El Consejo de la Judicatura de Hidalgo confirmó que el único cese se produjo en febrero de 2018, como resultado de una resolución emitida por la Comisión de Disciplina. Sin embargo, este caso aún no está cerrado, ya que el afectado recurrió a un juicio de amparo, lo que podría revertir la sanción. Este escenario refleja la dificultad de sancionar efectivamente a los servidores públicos dentro del sistema judicial, un problema que se ve agravado por la limitada cantidad de destituciones, considerando que el estado contaba con más de 120 jueces y magistrados al cierre de la gestión de Fayad.
Esta realidad contrasta profundamente con las declaraciones del exgobernador, quien durante su mandato se presentó como un firme defensor de la lucha contra la corrupción. En marzo de 2021, promovió la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción, reiterando su compromiso con la «cero tolerancia». Sin embargo, los resultados, al menos en el ámbito judicial, no reflejan avances significativos en esta lucha.
A nivel nacional, la situación no es mejor. Datos recientes presentados por la Secretaría de Gobernación en 2024 revelan que de 38,000 quejas contra funcionarios judiciales a nivel federal, la mayoría ni siquiera fueron investigadas. Solo 472 jueces y magistrados fueron sancionados entre 2004 y 2023, lo que evidencia que el combate a la corrupción en el ámbito judicial sigue siendo un reto mayor para las instituciones mexicanas.
Fotografía: Especial |