Redacción:
El sector empresarial de México ha lanzado una advertencia contundente sobre los peligros de una reforma judicial apresurada. Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han manifestado su preocupación ante el Senado, instando a los legisladores a proceder con cautela en la discusión de las modificaciones al Poder Judicial, fundamentales para el Estado de derecho.
La Coparmex, en su comunicado, resaltó que una reforma que no sea integral y cuidadosa podría poner en riesgo la independencia judicial, una pieza clave para la democracia mexicana. Entre las propuestas más importantes, destacan la necesidad de fortalecer la carrera judicial, revisar la prisión preventiva oficiosa y robustecer el juicio de amparo. El organismo también apoyó la idea de una reforma que incluya a los poderes judiciales y fiscalías de los estados, como lo ha sugerido Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia.
El CCE, que representa a una parte significativa del sector empresarial mexicano, también se ha unido a esta preocupación. Su presidente, Francisco Cervantes, enfatizó la necesidad de un debate amplio que considere los compromisos de México en derechos humanos, laborales y ambientales, así como los tratados comerciales internacionales. Subrayó que una reforma judicial mal diseñada podría afectar la estabilidad económica y la inversión en el país.
Ambas organizaciones han sido claras en su mensaje: una reforma judicial que afecte los pilares de la certeza jurídica debe realizarse con participación y diálogo de todos los sectores. El Estado de derecho y un sistema judicial fortalecido son indispensables no solo para la estabilidad institucional, sino también para asegurar un entorno favorable para las inversiones y el crecimiento económico en México.
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